Hasta el momento, la Justicia no encontró elementos para imputar delito alguno al adolescente que realizó un disparo con un arma de fuego dentro de un aula de un establecimiento educativo de la capital tucumana. Tampoco podrá avanzar, por ahora, contra el adulto con el que convivía, ya que el revólver secuestrado estaba legalmente registrado a su nombre.
Ayer, las autoridades de la Escuela Congreso denunciaron que uno de sus alumnos había concurrido a clases con un revólver calibre .38 y que había efectuado un disparo mientras se encontraba en el aula.
Los efectivos policiales demoraron al menor y secuestraron el arma. Por disposición del fiscal Mariano Fernández, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde especialistas elaboraron un informe sobre su situación personal. Horas después, fue entregado nuevamente al cuidado de su madre.
El representante del Ministerio Público confirmó además que el estudiante había sido filmado en otra oportunidad manipulando una pistola calibre 9 milímetros, un arma diferente de la que fue secuestrada en la escuela. Por ese motivo, ordenó profundizar la investigación para determinar el origen y el paradero de ese segundo elemento.
El revólver incautado, según confirmaron fuentes judiciales, pertenece a su padrastro, un camionero que se encontraba fuera de la provincia al momento del episodio. A través de familiares presentó la documentación que acredita su condición de legítimo tenedor.
Como la pistola observada en los videos aún no fue hallada, los investigadores no pudieron establecer si se trata de un arma de fuego real o de una réplica.
Fernández también determinó, a partir de los testimonios reunidos hasta el momento, que el disparo habría sido accidental.
“Aparentemente estaba manipulando el arma en tono de broma cuando se produjo el disparo”, explicó una fuente vinculada a la causa.
El docente que se encontraba dictando clases habría interpretado inicialmente que se trataba de la explosión de un petardo y no del disparo de un arma de fuego. Recién después se constató lo ocurrido al advertirse que el proyectil había impactado en una pared del aula.
Por su edad, el adolescente no puede ser sometido a un proceso penal en el marco del régimen actualmente vigente. Sin embargo, la investigación continuará para esclarecer cómo accedió al arma y si existió algún tipo de responsabilidad por parte de adultos en la guarda o custodia del revólver secuestrado.
El adolescente, por 10 días, se salvó de ser procesado. El 5 de septiembre entrará en vigencia el Régimen Penal Juvenil con el que debería haber afrontado una acusación y, sus padres, haberse cumplido con algún tipo de reparación por los trastornos generados.